Promesas de campaña: qué puede hacer el Presidente y qué depende del Congreso

En cada campaña electoral aparecen promesas de nuevos programas sociales, cambios tributarios, inversiones en infraestructura y reformas del Estado. Sin embargo, no todas pueden concretarse mediante una decisión presidencial. En muchos casos, el resultado depende también del Congreso Nacional.

La Constitución paraguaya establece un sistema de poderes independientes, equilibrados y coordinados. El Poder Ejecutivo administra el Gobierno y puede presentar proyectos de ley, mientras que el Legislativo, integrado por las cámaras de Senadores y Diputados, tiene la atribución de debatir y sancionar leyes, aprobar el Presupuesto General de la Nación y legislar en materia tributaria.

Esta diferencia es fundamental para evaluar las propuestas electorales. Un candidato que promete aumentar el gasto en salud, educación o infraestructura debe explicar cuánto costarán sus planes, de dónde saldrán los recursos y qué modificaciones presupuestarias o legales serán necesarias.

Lo mismo ocurre con los impuestos. La creación de tributos y los cambios en sus elementos esenciales requieren una ley. El presidente puede presentar iniciativas, pero su aprobación corresponde al Poder Legislativo.

En materia de deuda pública, la Constitución también atribuye al Congreso la facultad de aprobar o rechazar la contratación de empréstitos. Por eso, cuando una propuesta depende de financiamiento sujeto a autorización legislativa, el candidato debe explicar tanto las condiciones económicas como el camino institucional para concretarla.

Aprobar una ley no significa ejecutarla

El papel del Congreso no termina con la aprobación de una norma. Durante el debate parlamentario pueden modificarse los proyectos originales del Ejecutivo. Una propuesta presidencial, por lo tanto, no garantiza que la ley finalmente sancionada conserve todos sus componentes.

Además, la aprobación legislativa no asegura por sí sola los resultados. Una vez autorizados los recursos o sancionada la ley, la ejecución corresponde a la institución competente, que puede ser un ministerio, un organismo descentralizado u otra entidad estatal.

El Congreso puede aprobar fondos para un hospital, pero no administra el establecimiento. Puede sancionar una reforma educativa, pero no dirige cada escuela.

Cómo evaluar las propuestas rumbo a 2028

Proyecto Paraguay plantea que cada promesa electoral debería analizarse a partir de cuatro preguntas: ¿qué necesita una ley?, ¿cuánto costará y cómo se financiará?, ¿qué aprobación legislativa requiere? y ¿qué institución deberá ejecutarla?

La distinción permite identificar qué parte de una propuesta depende directamente del futuro presidente y cuál requiere acuerdos con otras instituciones.

En definitiva, evaluar un plan de gobierno no consiste solamente en conocer qué pretende hacer un candidato. También exige saber si cuenta con una propuesta viable, los recursos necesarios y una ruta institucional para convertir sus compromisos en resultados concretos.