Diputados tratará pedidos de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana
Raúl Latorre convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves 5 de noviembre. El primer tratamiento, previsto para las 10:00, será el libelo contra el presidente; posteriormente se analizará la acusación contra el vicepresidente.
El titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias mediante las resoluciones N.º 4699 y 4700. La primera está prevista para las 10:00 y tendrá como único punto el tratamiento del libelo acusatorio contra Peña. Al término de esa sesión, se realizará una segunda convocatoria para analizar el pedido contra Alliana.
Los documentos fueron presentados por legisladores de la oposición y sectores de la disidencia colorada. Según informó la Cámara de Diputados, 35 legisladores participaron de la presentación de los libelos acusatorios.
Los argumentos contra Peña
El pedido contra el mandatario plantea una serie de cuestionamientos que sus impulsores consideran constitutivos de mal desempeño de funciones. Entre los principales ejes mencionados figuran:
Presunto conflicto de intereses, cooptación del Estado y modificaciones a la normativa sobre puertas giratorias.
Supuesta manipulación regulatoria y desvío de fondos jubilatorios del IPS.
Presunto sobrepaso de límites crediticios de Ueno Bank y encubrimiento institucional del BCP.
Beneficio patrimonial indebido e indicios de supuesto enriquecimiento ilícito.
Afectación de la confianza en el sistema financiero y exposición del país a un eventual riesgo sistémico.
En el caso de Alliana, el libelo sostiene que habría tenido responsabilidad en el manejo político e institucional de la crisis financiera, incluyendo cuestionamientos sobre los fondos previsionales y las alertas relacionadas con los límites crediticios.
¿Qué se necesita para que avance?
El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados debe formular la acusación por mayoría de dos tercios. Si el pedido obtiene los votos necesarios, el proceso pasa al Senado, que tiene la competencia de juzgar a las autoridades en un juicio público.
La sesión requiere primero contar con cuórum legal. El resultado de las votaciones determinará si las acusaciones avanzan a la Cámara Alta o quedan sin aprobación en Diputados.
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