Plantean mesas departamentales para llevar obras y servicios donde más hacen falta

Los datos del Censo 2022 muestran dónde se concentran las principales necesidades de la población, pero el desafío ahora pasa por convertir esa información en acciones concretas. Una de las propuestas es establecer mesas de trabajo por departamento para definir prioridades, asignar responsables y hacer públicos los avances.

La iniciativa busca reunir en una misma agenda a municipios, juntas municipales, gobernaciones, instituciones del Gobierno central, prestadores de servicios y, cuando corresponda, organizaciones y comunidades locales. El objetivo es que las obras y los recursos lleguen primero a los territorios donde las carencias se acumulan.

El mapa de la infancia refleja parte de esta desigualdad. El 16,1% de los hogares con niñas, niños y adolescentes presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, lo que representa más de 285.000 hogares con dificultades relacionadas con vivienda, hacinamiento, educación, saneamiento o capacidad económica. Los mayores porcentajes se registran en Boquerón, con 48,5%; Alto Paraguay, con 37,7%; y Presidente Hayes, con 35%. En Central, aunque la incidencia es menor, el volumen supera los 66.000 hogares afectados.

Las respuestas, sin embargo, no pueden ser iguales para todo el país. En el Chaco pesan factores como las distancias, los caminos y la dispersión de las comunidades, que exigen soluciones vinculadas al acceso al agua, conectividad y servicios móviles. En Central, en cambio, la escala urbana obliga a priorizar cuestiones como drenaje, transporte, recolección de residuos, vivienda y servicios en barrios de alta densidad.

La propuesta plantea que cada departamento cuente con una ficha pública de prioridades donde se identifique la comunidad o barrio afectado, el problema, la cantidad de personas alcanzadas, la institución responsable, el costo estimado, la fuente de financiamiento y el plazo de ejecución. De esta manera, las decisiones podrían pasar de las promesas a objetivos que puedan ser controlados.

Los municipios aportarían el conocimiento directo del territorio; las juntas municipales tendrían un rol de control sobre presupuestos, obras y cumplimiento; las gobernaciones coordinarían proyectos que superen los límites de una ciudad; y el Gobierno central debería aportar recursos, políticas sectoriales y capacidad de ejecución.

La clave estaría en medir resultados y no solamente cantidad de reuniones o dinero comprometido. Hogares conectados a agua, cuadras con drenaje, viviendas mejoradas, escuelas con conectividad o barrios con alumbrado funcional son algunos de los indicadores que permitirían saber si una política realmente llegó a quienes la necesitan.

Un sistema público de seguimiento también permitiría conocer retrasos, cambios de costos y obras pendientes. Con esa información, el Censo 2022 podría dejar de ser solamente un registro de carencias para convertirse en una herramienta concreta de planificación territorial y distribución de recursos.