PARAGUAY MANTIENE SU GRADO DE INVERSIÓN, PERO ENFRENTA RETOS FISCALES
La ratificación de la calificación soberana fortalece la imagen económica del país ante los mercados internacionales, aunque expertos advierten sobre la necesidad de ordenar las cuentas públicas y transparentar las obligaciones pendientes del Estado.
Las evaluaciones realizadas por agencias internacionales, entre ellas Moody’s, destacaron la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos y el desempeño positivo del sector privado, aunque también pusieron bajo la lupa la situación de las finanzas estatales.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el déficit fiscal y los compromisos pendientes con proveedores del Estado. Según datos expuestos en el programa Tribu Nativa de La Tribu 650 AM, las estimaciones sobre la deuda acumulada con empresas contratistas y proveedores presentan diferencias importantes, con montos que podrían ubicarse entre 400 y 1.800 millones de dólares, dependiendo de los sectores reclamantes.
Los atrasos en pagos representan un desafío para empresas vinculadas a la construcción, provisión de insumos médicos y otros servicios, especialmente para pequeñas y medianas compañías que dependen del flujo financiero del Estado.
En materia presupuestaria, Paraguay apunta a reducir el déficit fiscal al 1,5% del Producto Interno Bruto durante el presente ejercicio, luego de registrar niveles cercanos al 2,6%. Para alcanzar esa meta, las autoridades deberán aplicar medidas de ajuste y revisar prioridades de gasto.
El economista Jorge Garicoche señaló que mantener el grado de inversión dependerá de la capacidad del país para avanzar en reformas estructurales, mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la transparencia en la administración de los recursos.
Además, advirtió que las decisiones fiscales de los próximos años serán determinantes para conservar la confianza de los inversionistas y evitar presiones sobre el endeudamiento público.
La consolidación del crecimiento económico, según los especialistas, requerirá un equilibrio entre la necesidad de cumplir con las obligaciones del Estado y la preservación de un ambiente favorable para la inversión privada.
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