Municipios en Paraguay: la ley les da poder para planificar la ciudad, pero pocos lo aplican
La Ley Orgánica Municipal asigna a los gobiernos locales competencias clave sobre el crecimiento urbano, el tránsito, los residuos, el ambiente y el patrimonio. Sin embargo, los datos disponibles muestran una brecha importante entre lo que la norma permite y la planificación que efectivamente existe.
La Ley N.º 3966/2010 Orgánica Municipal establece entre las competencias municipales la planificación territorial, la delimitación de áreas urbanas y rurales, la regulación de los usos del suelo, los loteamientos y las construcciones, además de cuestiones relacionadas con tránsito, drenaje, residuos, ambiente y patrimonio.
Para ordenar ese crecimiento existen dos instrumentos fundamentales: el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT). Ambos deberían servir para definir hacia dónde crece una ciudad, dónde se puede construir, cómo se conectan sus barrios y qué infraestructura será necesaria para acompañar ese proceso.
El problema aparece cuando esos instrumentos no existen, están desactualizados o todavía se encuentran en elaboración.
Una brecha que sigue abierta
Un relevamiento del Ministerio de Economía y Finanzas realizado en mayo de 2026 identificó 48 distritos en su nómina de planes aprobados por ordenanza luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Municipal. Otra lista registró 33 municipios con POUT en elaboración o con ordenanzas todavía pendientes.
Frente a los 263 distritos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, la primera cifra representa menos de uno de cada cinco municipios.
El propio MEF advierte que sus registros podrían no abarcar a todos los gobiernos locales, pero la diferencia sigue mostrando un problema de fondo: todavía son muchos los municipios que no cuentan con una herramienta actualizada para ordenar su territorio.
En 2026, algunos municipios comenzaron a avanzar. Ypané inició su diagnóstico territorial, Julián Augusto Saldívar trabajó en su estrategia espacial, Santa Rosa de Lima culminó talleres participativos y Altos avanzó hacia su zonificación.
Son señales positivas, pero también muestran cuánto tiempo puede llevar construir una política de planificación que la legislación paraguaya ya contempla desde hace 16 años.
Cuando una decisión de hoy genera el costo de mañana
El impacto puede verse en situaciones muy concretas.
Un loteamiento aprobado lejos de las redes de servicios puede generar una ganancia inmediata para quien vende terrenos, pero trasladar durante años el costo a la municipalidad y a los vecinos: nuevas calles, iluminación, transporte, recolección de residuos, drenajes y otras obras.
La planificación urbana, por tanto, no es un trámite técnico aislado. Define cuánto cuesta extender los servicios y qué tan conectada, segura y sostenible puede ser una ciudad.
Lo mismo ocurre con el tránsito, donde una política municipal debería priorizar la seguridad vial, los peatones y el transporte público, y no limitarse al control y las multas.
En materia ambiental, proteger arroyos y riberas requiere identificar las zonas de riesgo y evitar ocupaciones incompatibles. Y en patrimonio histórico, el primer paso es saber qué bienes existen: aquello que no está identificado difícilmente podrá ser protegido.
El desafío también es regional
El problema se vuelve todavía mayor cuando una ciudad crece sin coordinación con sus municipios vecinos.
El libro “35 años de Democracia: Economía, Sociedad y Estado en Paraguay”, publicado por Cadep en agosto de 2026, aborda precisamente esta dimensión regional. En su análisis territorial, María Belén Servín plantea a Asunción y Central como una misma región económica, donde decisiones sobre suelo, transporte, residuos y drenaje terminan teniendo efectos que trascienden las fronteras municipales.
Por eso, una ciudad no puede planificarse completamente de manera aislada.
Las propuestas surgidas desde distintos municipios también apuntan a soluciones concretas: coordinación para titulación y drenaje, limpieza de cauces, fortalecimiento de la recolección, recuperación de la capacidad de pavimentación, identificación de vertederos y mayor participación de las comisiones vecinales.
Pero para que esas propuestas sean realmente evaluables necesitan algo más que anuncios: presupuesto, plazos, responsables e indicadores que permitan saber qué se hizo y qué quedó pendiente.
Paraguay no necesita municipios que prometan resolverlo todo. Necesita gobiernos locales capaces de utilizar las herramientas que la ley ya les entregó.
Un catastro actualizado, un POUT vigente, permisos transparentes, una política de residuos, seguridad vial e inventarios patrimoniales pueden parecer tareas puramente administrativas.
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