MINNA ADVIERTE QUE MENORES DE 14 AÑOS NO PUEDEN TRABAJAR Y ANUNCIA MÁS CONTROLES

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, recordó que la legislación paraguaya prohíbe que los menores de 14 años realicen cualquier tipo de actividad económica y anunció que desde la institución impulsan una normativa específica para endurecer las sanciones contra la explotación infantil.

Durante una entrevista con el canal GEN, el secretario de Estado explicó que el objetivo es avanzar hacia una ley que contemple de manera explícita la penalización de prácticas como el criadazgo y las 20 peores formas de trabajo infantil reconocidas en el país.

Gutiérrez aclaró que el trabajo adolescente protegido está permitido únicamente entre los 14 y 17 años, siempre que se cumplan condiciones estrictas, como la continuidad educativa, la autorización de los padres, el registro correspondiente ante la Codeni y garantías laborales.

Sin embargo, remarcó que por debajo de esa edad la prohibición es absoluta. En ese sentido, cuestionó algunas prácticas observadas en comunidades del interior, donde niños son utilizados en actividades consideradas de riesgo, como carreras hípicas.

“Nada justifica que los padres exploten a sus hijos”, sostuvo el ministro, al referirse a situaciones donde menores son involucrados en actividades económicas bajo responsabilidad de adultos.

Por otra parte, explicó que el Estado cuenta con programas de asistencia como Tekoporã Mbarete, Hambre Cero y planes habitacionales, destinados a acompañar a familias en situación vulnerable. No obstante, señaló que existen casos donde algunos adultos rechazan estas ayudas debido a los ingresos obtenidos mediante la explotación de niños en espacios públicos.

Gutiérrez mencionó que la mendicidad infantil en calles, semáforos y comercios puede generar ingresos diarios que, en algunos casos, superan los montos de los subsidios estatales.

Ante esta situación, el Ministerio de la Niñez intensificó los operativos con las brigadas de “chalecos rojos” en Asunción y otros puntos del país. El protocolo establece inicialmente la incorporación de las familias a programas de apoyo social.

En caso de que exista una negativa permanente y continúe la explotación infantil, la institución recurre a la vía judicial para solicitar medidas de protección, que pueden incluir la separación familiar cuando sea necesario para garantizar la seguridad y el desarrollo integral del menor.