Formalización laboral: Paraguay debe medir más que nuevas inscripciones

Paraguay puede simplificar trámites, abrir registros y anunciar miles de nuevas inscripciones, pero ninguna de esas cifras demuestra, por sí sola, que una estrategia de formalización haya funcionado. El verdadero resultado se mide después: cuando trabajadores y empresas permanecen dentro del sistema, mejoran sus ingresos y acceden a nuevas oportunidades.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran la dimensión del desafío. En 2025, la informalidad alcanzó al 60,1% de los ocupados en actividades no agropecuarias, equivalente a aproximadamente 1,66 millones de personas. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, la proporción llegó al 89,4%; entre los de 20 a 24 años, al 68,2%; y entre los de 25 a 29 años, al 60%. Aunque hubo mejoras respecto a 2022, la informalidad continúa siendo mayoritaria en estos grupos.

La primera medida de una política efectiva debería ser una reducción sostenida de esas tasas. Pero también hace falta saber cuántos trabajadores formalizados continúan registrados seis meses o un año después, cuántos realizan aportes jubilatorios y si mejoraron sus condiciones laborales.

El Banco Mundial advierte que la informalidad paraguaya convive con baja productividad y empleos de calidad insuficiente. Por eso, formalizar no debería significar únicamente asumir nuevas obligaciones administrativas, sino también acceder a crédito, capacitación, tecnología y mercados.

En esa línea, el Primer Informe Anual 2025 del PNUD Paraguay reportó que el Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY), administrado por la AFD, acumuló 16.845 créditos garantizados por G. 1,46 billones, equivalentes a USD 182,9 millones, vinculados a 24.710 empleos directos. El dato muestra la importancia de conectar el financiamiento con el desarrollo empresarial, aunque no demuestra por sí solo que esos empleos sean formales o sostenibles.

La evaluación también debe identificar dónde persisten las brechas: entre jóvenes, mujeres, trabajadores independientes, microempresas y comunidades rurales. Además, el Estado debería calcular cuánto cuesta cada formalización sostenible y qué beneficios genera.