Diputados define el uso de celulares en escuelas: el proyecto llega a su etapa decisiva
La Cámara Baja tratará este martes, como punto 19 de su orden del día, el proyecto que restringe el uso de dispositivos electrónicos en instituciones educativas. La iniciativa está en su tercer trámite constitucional y tiene como fecha de vencimiento el viernes 25 de septiembre.
La iniciativa, presentada por el diputado José Rodríguez, fue aprobada inicialmente por Diputados y posteriormente modificada por el Senado. Actualmente se encuentra en el tercer trámite constitucional y figura como punto 19 del orden del día de la sesión ordinaria de este 22 de septiembre.
El proyecto abarca instituciones de educación inicial, escolar básica y media, tanto públicas como privadas y subvencionadas. La propuesta establece restricciones para el uso de dispositivos electrónicos portátiles dentro de los establecimientos educativos, incluyendo celulares, tabletas, relojes inteligentes y otros equipos de características similares.
¿Qué propone la versión que vuelve a Diputados?
La versión modificada por el Senado establece la prohibición del uso de estos dispositivos por parte de los alumnos durante las clases, los recreos y los descansos entre clases, salvo las situaciones expresamente contempladas.
Uno de los cambios más relevantes es que la restricción también alcanza a las personas que acompañan y forman parte de los procesos educativos, de acuerdo con el rol que desempeñan dentro de las instituciones. Esto incluye al personal educativo y otras personas vinculadas al funcionamiento escolar.
El texto contempla excepciones para situaciones de peligro, necesidad o fuerza mayor, así como para estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o determinadas condiciones de salud.
También permite el uso pedagógico o didáctico de los dispositivos cuando exista una actividad específica que lo justifique y bajo estricta supervisión de los profesionales educativos.
El proyecto no está en una primera discusión
La iniciativa ya atravesó varias etapas legislativas.
Diputados le dio media sanción en marzo de 2026, luego de aprobarla inicialmente en general y avanzar con el estudio en particular.
En junio, el Senado aprobó el proyecto con modificaciones, entre ellas el cambio del enfoque del texto y la ampliación de las personas alcanzadas por la regulación. La Cámara Alta remitió nuevamente la iniciativa a Diputados para el tercer trámite.
Ahora la Cámara de origen deberá pronunciarse sobre esas modificaciones.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa del Congreso (SILpy), el expediente tiene como fecha de vencimiento el viernes 25 de septiembre de 2026. Si no recibe tratamiento antes de esa fecha, se producirá la sanción automática prevista para este trámite.
¿Qué pueden decidir los diputados?
La Constitución establece que, cuando una cámara revisora modifica un proyecto, la cámara de origen debe discutir únicamente esas modificaciones. Si acepta todas, el proyecto queda sancionado. Si las rechaza todas por mayoría absoluta, vuelve a la cámara revisora; si rechaza o acepta parcialmente, se aplican los mecanismos previstos en el artículo 207.
En la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta equivale al quórum legal, es decir, 41 integrantes, mientras que la mayoría simple corresponde a la mitad más uno de los miembros presentes.
El debate de este martes, por tanto, no se centrará en aprobar nuevamente todo el proyecto desde cero, sino en resolver qué hacer con las modificaciones introducidas por el Senado.
El tema llega al pleno después de varios meses de discusión y con posiciones diferentes dentro del Congreso. Mientras algunos legisladores han defendido una regulación más estricta para proteger la atención y el proceso educativo, otros plantearon que la cuestión puede ser abordada mediante reglamentaciones educativas sin necesidad de una prohibición legal absoluta.
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